Patricia Valero
DERECHO DEL SOCIO MINORITARIO AL REPARTO DE DIVIDENDOS
En una reciente Sentencia, de 11 de enero de 2023, el Tribunal Supremo ha fallado a favor del socio minoritario (titular del 49% del capital social) que impugnó los acuerdos de Junta de aprobación de las cuentas y aplicación del resultado y solicitó se acordara el reparto de dividendos a los socios.
Considera el Tribunal Supremo que resulta de aplicación el artículo 204.1 de la Ley de Sociedades de Capital alegado por el socio minoritario, y en virtud del cual se consideran impugnables aquellos acuerdos que lesionan el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros, debiéndose cumplir tres requisitos cumulativos para ello: (i) que el acuerdo no responda a una necesidad razonable; (ii) que se haya adoptado en interés propio y (iii) que ocasione un perjuicio injustificado a los demás socios.
En el caso concreto, el Tribunal Supremo concluye que no había una necesidad razonable para el no reparto de dividendos, pese al acuerdo de refinanciación esgrimido por el socio mayoritario y al contar la sociedad con reservas suficientes. Entiende el Supremo que no se trata más que de una excusa injustificada para imponer el no reparto de beneficios, que directamente perjudicaba al socio minoritario que había dejado de obtener rendimientos económicos de la sociedad, mientras que el socio mayoritario seguía beneficiándose de los rendimientos que le proporcionaba su retribución como administrador.
Por otro lado, el Tribunal Supremo aclara que el mecanismo previsto en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, no es el único con el que cuenta el socio minoritario para reclamar el reparto de beneficios, sino que dicho mecanismo es compatible con el ejercicio de otras acciones, como las de impugnación de los acuerdos que aplicaron el resultado de beneficios a reservas, o como las de responsabilidad frente a los administradores por el incumplimiento de deberes legales que constituyan presupuesto ineludible para la adopción del acuerdo de reparto de beneficio.
Por último, destacar que el Tribunal Supremo declara procedente que la Audiencia Provincial concretara el reparto de dividendos en un porcentaje concreto (exactamente, el 75% de los beneficios de los ejercicios 2014 y 2015), concluyendo así que ello no supone suplir la voluntad de la Junta General, y que de otra forma, la sentencia no resultaría efectiva, volviendo a dejar el acuerdo relativo al reparto de dividendos sometido a la voluntad del socio mayoritario.
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Los Estatutos Sociales pueden prever sistemas alternativos de retribución para consejeros, sin que tengan que considerarse cumulativos
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (la “DGSJFP”), mediante Resolución de 4 de junio de 2020, ha concluido que los Estatutos Sociales pueden recoger sistemas de retribución para consejeros ejecutivos que pueden considerarse alternativos y no necesariamente todos ellos como cumulativos.
La DGSJFP estima un recurso planteado frente a la resolución del Registrador Mercantil que suspende la inscripción de una cláusula de retribución de consejeros porque, a su juicio, según expresa en su calificación, “el sistema de remuneración de los administradores no puede quedar a la elección de la Junta General, entre los varios previstos estatutariamente, sino que todos los sistemas previstos deberán aplicarse de modo cumulativo”.
El Tribunal Supremo en su famosa Sentencia de 26 de febrero de 2018, resolvió la cuestión de que los sistemas de retribución de los consejeros (también de los consejeros ejecutivos) debía determinarse necesariamente en los estatutos de la sociedad. Sin embargo, respecto de la forma de determinación de los sistemas retributivos, si bien la Sentencia abogada por la “necesidad de una flexibilización”, no se llegaba a concretar el alcance de esta flexibilización.
En este sentido, la Resolución de la DGSJFP de 4 de junio de 2020 es importante, puesto que aclara el sentido de flexibilización y, en definitiva, ofrece seguridad jurídica.
En efecto, la DGSJFP concluye que son admisibles las cláusulas estatutarias que contemplen sistemas alternativos de retribución por los consejeros ejecutivos, de forma que sea el Consejo, a través de la aprobación del contrato con el consejero con funciones ejecutivas, quien determine, de entre todas las retribuciones previstas en los Estatutos, aquellas que se adecúen y adapten al concreto desempeño de las funciones de dicho consejero, sin que ello deba implicar una modificación estatutaria. En concreto, señala:
“… en la línea de flexibilidad que en la interpretación de los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital patrocina la referida Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 y sigue la citada Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de octubre de 2018, debe admitirse que aun cuando los distintos conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos sociales, podrán éstos remitirse al contrato que se celebre entre el consejero ejecutivo y la sociedad para que se detalle si se remunerará al mismo por todos o sólo por algunos de los conceptos retributivos fijados en los estatutos. De este modo se compatibiliza la debida protección de los socios, por cuanto se fijan en estatutos los posibles conceptos retributivos y se aprueban en junta general el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores, con la adaptación a las necesidades de la práctica por cuanto se atribuye al consejo de administración la competencia de elegir, caso por caso, entre los distintos conceptos retributivos previstos en los estatutos aquellos concretos que deben incluirse en el contrato al que se refiere el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, sin necesidad de modificación estatutaria alguna.”
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